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I.- Democracia representativa y constitucional
Como en la democracia representativa el poder emana del pueblo, o sea, del conjunto de ciudadanas y ciudadanos de una nación, el poder es ejercido por sus representantes políticos, democráticamente elegidos en procesos electorales "reglados y pacíficos". Pero, ¿cómo elegir a sus representantes? Éstos pueden serlo de forma directa, es decir, mediante listas abiertas, o también, como es el caso de España, ser elegidos en esas listas cerradas confeccionadas por las direcciones de cada partido. Como ya sabemos, los partidos políticos son organizaciones altamente jerárquicas que tratan de alcanzar el poder asociadas a una ideología, y que poseen una visión determinada de los problemas de la sociedad y de sus posibles soluciones.
Democracia representativa y constitucional
Como en la democracia representativa el poder emana del pueblo, o sea, del conjunto de ciudadanas y ciudadanos de una nación, el poder es ejercido por sus representantes políticos, democráticamente elegidos en procesos electorales "reglados y pacíficos". Pero, ¿cómo elegir a sus representantes? Éstos pueden serlo de forma directa, es decir, mediante listas abiertas, o también, como es el caso de España, ser elegidos en esas listas cerradas confeccionadas por las direcciones de cada partido. Como ya sabemos, los partidos políticos son organizaciones altamente jerárquicas que tratan de alcanzar el poder asociadas a una ideología, y que poseen una visión determinada de los problemas de la sociedad y de sus posibles soluciones.
La democracia y la libertad de pensamiento y expresión
Una de las características de los países democráticos reside en la defensa de la libertad de pensamiento y expresión. Derechos que, al quedar recogidos en sus Constituciones, articulan el funcionamiento tanto de la vida social como de la vida política. En España, nuestra Carta Magna en los artículos 16 y 20 ampara la libertad ideológica y religiosa, así como la libertad de expresión.
La sociedad civil
Puesto que no pocos pensadores han retratado al Estado como dispensador del bien común, por lo mismo filosóficamente se ha defendido que la finalidad última suya consiste en aspirar a beneficiar a la mayor parte de la sociedad y, por ende, contribuir a la justicia social. Así pensaron Aristóteles, Tomás de Aquino, Condorcet, etc., aunque también en las sociedades democráticas actuales el Estado es concebido desde la tarea de promover la justicia social, creando un sistema sanitario y educativo de carácter universal y público, entre otros.