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A inicios de los 70, Ecuador tenía 5,9 millones de habitantes y un PIB que promediaba los US$1.000 por persona. El 60,5% de su población era rural y el 39,5% urbana. De manera que, para decirlo en frase abreviada, la política se hacía en las ciudades (sobre todo en Quito y Guayaquil) mientras que la economía fluía por la venas del agro. Esa dicotomía histórica no se zanjó con la llegada de los militares al poder y con el estallido del boom petrolero, en realidad, todo se volvió más complejo desde entonces. El inusual movimiento geográfico de la sociedad fue muy evidente desde 1972 en adelante, cuando el Estado empezó a captar petrodólares a borbotones y fluyó -de arriba hacia abajo, con los cedazos políticos y las cortapisas económicas de rigor- el gasto social, la inversión pública, el consumismo urbano a través de una nueva burocracia dorada y de una clase media floreciente. Como telón de fondo emergió el (celebrado por pocos y condenado por muchos) "endeudamiento agresivo", un demencial mecanismo financiero puesto a la orden de los militares por los grandes especuladores del dinero, deseosos de apalancar el proceso económico anterior y todo lo que hiciera falta... siempre y cuando el Ecuador tuviera con qué pagar.
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