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En los últimos años la minería realizada con dragas y retroexcavadoras ha entrado de manera ilegal en los municipios del Cauca. Medios de prensa, y algunas organizaciones sociales han registrado cómo se ha dado esta situación en municipios como Patía, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Guapi y Timbiquí, principalmente. Así mismo se ha hecho público cuáles son los impactos generados por la extracción de minerales con este tipo de maquinaria y, en algunos casos, redes y todo un engranaje ilegal que se ha constituido entorno a la minería.
Los municipios de la Costa Pacífica del Cauca (Timbiquí y Guapí) no han sido excepción a éste tipo de extracción. Esta situación que se agudiza por aspectos específicos de la región Pacífica como la presencia de actores armados, los bajos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, la poca presencia de autoridades e instituciones, la limitación operativa que alcaldías y autoridades ambientales padecen y los casos de corrupción evidenciados en muchas de estas instituciones, como alcaldías y autoridades policivas y militares. Casos como la detención del subcomandante de la estación de policía de Timbiquí en el presente año, por los delitos de concierto para delinquir con fines de minería criminal, fabricación y porte ilegal de armas y municiones, y cohecho porsobornar a funcionarios de los aeropuertos de Palmira (Valle) y Guapi.[1] Todos estos aspectos han facilitado la instalación de mafias y actores armados ilegales en los territorios con yacimientos mineros, que por lo general, son habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes a lo largo del suroccidente colombiano. Estos actores ilegales y redes que se han tejido han visto en la minería la manera de mantenerse y, además, lavar dinero proveniente del narcotráfico.
En los municipios de la Costa Pacífica caucana el control de las autoridades es poco. El acceso sólo se efectúa por vías fluviales y aéreas exponiéndose a encuentros y ataques sorpresivos por parte de actores en conflicto. Estos hechos han permitido que el negocio sea rentable, los grupos armados en algunos casos, tienen sus propias retroexcavadoras, o cobran “vacunas” sobre el oro extraído o sobre las máquinas que operan. Las afectaciones por minería que se han evidenciado en algunas regiones impactan: al medio ambiente, la salud de las personas, lo socio-cultural, la economía y los Derechos Humanos de las comunidades.
En el orden anterior, se ha evidenciado que la minería hecha con retroexcavadoras cambia drásticamente el medio ambiente, afecta el curso del río, y la fauna y flora que pudiera contener; la utilización de químicos y derrame de aceites en el agua ha causado enfermedades cutáneas en las personas; el tejido social se ha visto alterado con el rápido enriquecimiento que han tenido algunos sectores o personas, disputas entre familiares, vecinos y amigos por el tema de la minería; aumento del costo de vida y los precios al dinamizarse el comercio. Finalmente, muchas personas han sido amenazadas, señaladas, desplazadas o asesinadas por oponerse a las explotaciones mineras de éste tipo.
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A finales de los 60 se presentaba como antesala a la película de turno un documental denominado “El oro es triste”. Era una presentación de la situación socio económica y ecológica de la extracción del oro en Barbacoas (Nariño): detrás del apreciado metal no había más que hambre, miseria, riñas, prostitución y destrucción ecológica. El deprimente documental enfrentaba la codicia a la miseria.
Comenzando el mes de julio del presente año, fue noticia que 300 mujeres del pequeño municipio de Barbacoas habían entablado “un movimiento de piernas cruzadas” que buscaba llamar la atención del gobierno nacional para rescatar a Barbacoas del olvido y del abandono en donde se encuentra postrado. El acceso al municipio se realiza por una sola vía desde el vecino municipio de Junín a 57 kilómetros, pero su trayecto en vehículo puede durar entre 15 y 20 horas. Al atraso y miseria de este municipio que continúa malviviendo del oro, se vincula la violencia y presencia de actores armados ilegales. Barbacoas tiene una tasa de homicidio de 56,10 por cada 100.000 habitantes, constituyendo la segunda población con más asesinatos en el Departamento de Nariño, después de Tumaco que cuenta con la lamentable tasa de 136,87, según datos de Medicina legal, para el año 2010[1].
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