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crisis del catolicismo al cumplirse el 40 aniversario del Concilio Vaticano II. Cada día más, la opinión pública percibe la misión de esta jerarquía eclesiástica con rasgos negativos: como fuente de imposiciones, de condenas y de exclusiones, frente a la idea de otro cristianismo liberador, plural y abierto.
No es cuestión de dar o quitar razones a este documento. Los obispos están en su derecho de expresarse. Pero la secularización de la sociedad española, el creciente rechazo que algunos pronunciamientos (o comportamientos) eclesiásticos suscitan en buena parte de la opinión pública, no deberían achacarse a los medios de comunicación, como hace la Instrucción, ni siquiera a los sectores internos disidentes.
El desencuentro episcopal con muchos de sus fieles no sólo se manifiesta en materias de moral sexual y costumbres, donde la Iglesia romana ha nadado casi siempre a contracorriente. Tampoco sus análisis políticos pueden suscitar solidaridades. Según los obispos, España es un desierto cultural y está gobernada desde un peligroso laicismo fundamentalista. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal primado Antonio Cañizares, ha dicho que se está promoviendo "la configuración de un nuevo régimen". Para frenarlo ha llegado a reclamar a sus sacerdotes el posible "sacrificio de sus personas". Con ese tremendismo de juicio sobre la realidad española no es de extrañar que los obispos muestren también un profundo descontento hacia los fieles católicos que actúan en política sin hacerles caso en muchas ocasiones.