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Porque España necesita abrir una etapa política encaminada a actualizar y mejorar nuestra arquitectura jurídico-institucional siguiendo los mecanismos constitucionalmente establecidos al efecto. Plantear una reforma constitucional no es un ejercicio de frivolidad. Tampoco es honesto atribuir a quien defiende la necesidad de una reforma la intencionalidad de querer destruir el sistema. La reforma constitucional responde, más bien, a la lógica de quien, respetando el sistema actual, utiliza los instrumentos por él previstos para actualizarlo y responder a los desafíos de una sociedad en continuo cambio que aspira a renovar las reglas que regulan su convivencia.
¿Para qué? Para perfeccionar un texto como el de la actual Constitución Española que, habiendo sido muy útil hasta ahora, da muestras de cierto agotamiento en las respuestas a los problemas de una España que se parece poco a la de 1978. Así ocurre con aspectos claves de la arquitectura que sostiene el modelo territorial. También pasa con el modelo de financiación autonómica. Nadie duda tampoco de la conveniencia de perfeccionar el procedimiento mediante el que se garantiza la participacion de España en la Unión Europea. Ni probablemente sobre la exigencia de acomodar el sistema electoral actualmente vigente.
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