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Respuesta:La posibilidad que tenemos las mujeres de participar en la política en nuestro país no ha sido una conquista fácil. Recordemos que Bernarda Vásquez, primera mujer costarricense en ejercer el sufragio, lo hizo en 1950. Si lo analizamos detenidamente sobresale un dato: Costa Rica no ha celebrado todavía el centenario de este derecho aprobado por la Asamblea Constituyente en 1949.
La demanda de igualdad real que se nos presenta como sociedad generó la necesidad de impulsar un trato desigual a manera de compensar esta discriminación por razones de género. No fue de golpe, ha sido un crecimiento gradual. En 1996, con las Reformas al Código Electoral se estipuló de manera específica la obligación de aplicar una cuota mínima de participación de las mujeres. Esta normativa, de acatamiento obligatorio para los partidos políticos, obligó a la mayoría de estos a modificar sus estatutos para poder cumplir. Sin embargo, las reformas presentaban un vacío legal y es que la normativa no requería que las mujeres fueran nombradas en puestos elegibles. En otras palabras, se les podía nombrar al final de la papeleta en forma de relleno sin ninguna posibilidad real de resultar electas.
El Tribunal Supremo de Elecciones nos arroja un dato que para algunos resulta inesperado. La Asamblea Legislativa del período 2014-2018 contará con 38 legisladores de sexo masculino y únicamente 19 de sexo femenino, lo que en términos porcentuales se traduce en un 33.3%. ¿A qué se debe este fiasco de una acción clara y concreta a favor de la paridad con alto potencial teórico?
En mi opinión esto es evidencia clara y contundente de que una legislación electoral no es suficiente cuando las estructuras partidarias continúan dando prioridad a los candidatos masculinos. El problema no reside en aspectos metodológicos, reside en aspectos de formación y apreciación. Reside en ciertas limitantes culturales todavía no superadas de manera eficiente. Afecta, también, el rol tradicional de la mujer, cuyas obligaciones limitan su participación en lo público.
Actualmente, hay dos proyectos de ley en la corriente legislativa que pretenden enmendar ese error y obligar a los partidos políticos a colocar a las mujeres en el primer lugar de las papeletas legislativas en al menos tres provincias, pasando así de una paridad vertical a una horizontal.
Brechas sociales. El escenario ideal para nuestro país, y por el cual deberíamos luchar como sociedad, es que la discriminación positiva no sea necesaria. Para llegar a ese ideal, se requiere de una serie de acciones y compromisos variados, cuyos efectos a largo plazo los dota de una permanencia que imposiciones legales no podrían contener.
Combatir las brechas de género desde la edad escolar es el paso inicial. Debemos procurar una educación inclusiva, participativa y generadora de conciencia social, tanto en el hogar como en los centros de estudio. Al asegurar un proceso de formación de adultos responsables, equilibrados y libres de prejuicios nos acercamos a un sistema de valoración individual lejano a caracterizaciones discriminatorias que nos afectan en la actualidad.
Reducir las brechas existentes es el segundo paso. Aumentar el acceso y apoyo para estudios básicos así como superiores y especializaciones, promover la capacitación política a mujeres, impulsar su participación de las actividades comunales así como de las partidarias y otro sinfín de acciones que podemos estimular como sociedad para lograr superar las barreras que nos dividen y alcanzar una igualdad real pero, sobre todo, natural.
Sueño con un país en el que ser hombre o ser mujer no sea restrictivo para participar en cualquier espacio de toma de decisiones públicas. Un país en el cual la paridad de género en el proceso electoral es un reflejo de la sociedad y de la democracia que tanto nos enorgullece. Por eso, es innecesario y hasta contraproducente seguir impulsando reformas legales como única solución, las cuales no permiten visualizar el verdadero impedimento al que nos enfrentamos.
Explicación:Las Cosas Que Hizo La Mujer En La Politica