en que consiste el proceso de justicia y paz y reparacion que se maneja con los grupos en conflictos con el estado
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a Ley de Justicia y Paz colombiana es la gran apuesta del país para desmantelar a poderosos grupos paramilitares y obtener justicia para las miles de víctimas del conflicto armado. La ley fue aprobada en 2005, como parte del proceso de desmovilización, y ofrecía la reducción de penas a cambio de la confesión completa y de “la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.
Ante la intención del gobierno colombiano de reformar la ley de Justicia y Paz para conseguir que el proceso sea más efectivo, el ICTJ publica una serie especial de reportajes para ofrecer al lector un acercamiento en profundidad al contexto de la ley, así como a los éxitos y desafíos identificados al hacer balance de los casi siete años desde la aprobación de la ley.
Colombia está desarrollando medidas de justicia transicional en medio de un complejo conflicto que sigue activo y que implica a numerosos actores: el Ejército, grupos paramilitares de extrema derecha, la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos rebeldes. Asimismo, muchas son las causas de la violencia, desde la lucha por los recursos naturales y la propiedad de la tierra hasta el crimen organizado y el tráfico de drogas. Se estima que el número de víctimas de la violencia supera los cuatro millones –Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, que viven en la extrema pobreza.
La vibrante sociedad civil colombiana lucha activamente por la defensa de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El país ha desarrollado también un marco legal para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de una tradición legal fuerte, hay una laguna entre las leyes escritas y la protección de esos derechos en la práctica.
La principal premisa de la ley de Justicia y Paz es conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los grupos armados y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. A pesar de algunos éxitos conseguidos gracias a las confesiones de los paramilitares –llegando a una cifra récord de víctimas registradas con nombres y apellidos (cerca de 400.000)– resulta obvio que el proceso necesita ser reformado si se quiere restaurar la confianza pública y rendir cuentas con los perpetradores y los que les respaldaron.
“Ha llegado el momento de reformar la ley de Justicia y Paz y de desmantelar a los grupos paramilitares, pero también de re-enfocar las investigaciones de la ley hacia aquellos que crearon, financiaron y respaldaron a estos grupos”, dice Marcie Mersky, directora de la Oficina de Programas del ICTJ. “Los resultados deberían incluir la verdad sobre las acciones de los paramilitares, pero también sobre sus soportes políticos y financieros”.
Respuesta:
esa es la respuesta porque yo la escribi y me sacaron un 5 de calificacion
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