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En cuanto al aspecto socioeconómico, podemos decir que su grado explicativo sólo es válido si se tiene en cuenta que los cambios de la economía colombiana, a partir del nuevo modelo de desarrollo, se dan en un contexto en el cual el conflicto existía previamente a los cambios producidos por la globalización. En este sentido, los efectos del modelo neoliberal y de la apertura globalizadora no produjeron por sí mismos el conflicto, y no existe de hecho una teoría consolidada que demuestre que en los últimos 30 años, estos cambios hayan desembocado necesariamente en conflictos armados de largo alcance en los demás países de América Latina, incluso cuando algunos de los conflictos armados existentes como en los casos de El Salvador, Guatemala y Perú se desactivaron durante esta misma época.
Sin embargo, que una vez dado el conflicto y en determinadas condiciones (una confrontación armada histórica, la debilidad y ausencia del Estado en buena parte del territorio nacional, la decisión explícita de los actores armados de expandirse, una inversión extranjera creciente y la apertura indiscriminada de la economía por parte de las élites nacionales para satisfacer los requerimientos neoliberales), el cambio económico producido por la globalización contribuyó con la profundización del conflicto a partir de tres efectos específicos: el primero, un cambio en la orientación productiva del país —el paso de una economía basada en el café y la agricultura a una economía basada en la producción de minerales y recursos energéticos— que facilitó la expansión de los actores armados abriendo nuevas oportunidades de financiación a través de recursos fuertemente vinculados a la economía global. El segundo efecto, un ajuste estructural del Estado que, al descentralizar sus funciones con el objetivo de adecuarse a los requerimientos del modelo neoliberal, trasladó el conflicto a una disputa por el poder local que se manifestó en el uso de la violencia armada para apropiarse de los recursos y bienes públicos.66 Un tercer efecto, derivado de la crisis rural y del sector agrícola que por el impacto de la apertura, la competencia desleal y la profundización de la concentración de la tierra pudo haber ofrecido un contexto favorable para la generación de una base social vinculada a las acciones y motivaciones de los actores armados.
En cuanto al aspecto del cambio global y la economía ilegal del narcotráfico, se puede afirmar que la nueva economía política de los actores armados, derivada de sus vínculos con el negocio ilícito del narcotráfico, ha tenido un mayor peso a la hora de explicar la agudización y prolongación de la guerra en Colombia. Lo cual no habría podido explicarse sin considerar al actual contexto de la globalización como el gran motor de esta transformación.
Finalmente, y en cuanto al fortalecimiento del actor estatal a través de la implementación de las políticas globales de seguridad, se puede considerar que la injerencia estadounidense en el conflicto ha tenido un peso igualmente relevante al haber modificado la correlación de fuerzas de los actores armados en los últimos diez años. Ello supuso una relativa recuperación del territorio por parte de las fuerzas armadas y un retroceso significativo en la avanzada guerrillera, pero también la expansión del fenómeno paramilitar y de las Bacrim, con el consecuente recrudecimiento de la crisis social y humanitaria en diversas regiones del país. Vale la pena considerar, no obstante, que esta dinámica global no habría tenido un efecto tan definitivo de no haber sido por el papel activo de las élites colombianas, que contribuyó a propiciar e incluso a privilegiar la participación directa de un tercer actor en el desarrollo de la guerra; lo que puede ser explicado, en parte, dada la histórica incapacidad económica y militar del Estado para enfrentar sus propias amenazas internas, así como por el mantenimiento continuo de sus relaciones de dependencia frente a Estados Unidos.