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Ley de Punto Final (ley Nº 23492)
Al año siguiente del histórico juicio a los principales jefes militares (entre los que se encontraban el gral. Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera que fueron condenados a cadena perpetua), el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de Punto Final que fijaba un plazo de 30 días para receptar las acusaciones contra militares en la Justicia por violación de los derechos humanos.
Esta ley fue sancionada el 23 de diciembre de 1986, y su contenido está resumido en los siguientes puntos:
1-Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.
2 - Cuando en las causas en trámite se ordenare respecto del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, cualquiera sea su rango, la detención o prisión preventiva, tales medidas se harán efectivas a petición del jefe de la unidad en que prestare servicio aquel personal, o de cualquier otro oficial superior de quien dependiese. En este caso, el superior será responsable de la presentación a declarar del imputado todas las veces que el tribunal lo requiera.
3- La presente ley no extingue las acciones penales en los casos de delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.
4- La extinción dispuesta en el punto 1 no comprende a las acciones civiles.