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Diversas organizaciones de la sociedad civil se han activado en defensa de la democracia, acompañando a todos los ciudadanos en el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica y asociación, como derechos en sí mismos y medios legítimos para participar pacíficamente en la restitución del orden constitucional democrático, el cual fue quebrantado por la imposición de un estado de excepción desde enero del año 2016, la suspensión indefinida de elecciones, la anulación de las competencias del parlamento, el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra toda disidencia, y la negativa a permitir asistencia humanitaria internacional ante las extremas condiciones generales de pobreza, hambre y desatención a la salud que enfrenta la mayoría de la población venezolana. Al tomar este camino, el gobierno decidió dar un golpe definitivo a la democracia.