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A lo largo de 2017 entraron a la Unión Europea 204.300 personas por canales irregulares. Es un 60% menos que en 2016 y un 88% menos que en 2015, cuando se había alcanzado el récord de 1.8 millones de inmigrantes ilegales.
El dato parece tranquilizador y podría transmitir la sensación de que es un problema en vías de resolverse. Pero la realidad es muy diferente. Por más que haya disminuido el número de ingresantes, la crisis humanitaria y política es cada vez más profunda.
El año pasado murieron 3.116 personas tratando de cruzar el Mediterráneo en embarcaciones precarias, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchos de ellos habían acudido a traficantes humanos para que los lleven desde la costa de Libia, en el norte de África, hacia Italia, que es el país que más gente recibe en estas condiciones. Fueron 119.000 en 2017.