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Si hacemos una evaluación del tipo de democracia con la que hemos vivido durante todo este período de vida Republicana que se inició en 1903, llegaremos a la conclusión de que ha sido una democracia engañosa y restringida, pues el país ha estado sometido a las fuerzas militares estadounidenses y a la dictadura militar interna. Una nación ocupada militarmente por una potencia extranjera, como lo estuvo la nuestra hasta hace año y medio, no puede considerarse realmente democrática.
Estados Unidos, en función de hacer y controlar el Canal, nos permitió la independencia de Colombia, pero sometiendo al nuevo Estado a sus intereses militares, y en función de ello nuestros gobernantes prácticamente han estado subordinados a la fuerzas militares estadounidenses que hasta hace poco tiempo rigieron en nuestro país; sumado a ello durante más de 20 años estuvimos sometidos a una dictadura militar.
Si se tiene claro que un Estado no es democrático simplemente porque su Constitución política lo establezca, igualmente entenderemos que por el hecho de que se diga que hay libertad de expresión, libertad de tránsito, de participación política, libertad educativa, laboral, religiosa o de cualquier otra índole, ello no significa necesariamente que se tenga una auténtica y verdadera democracia. Las personas, al igual que los pueblos, no son lo que dicen ser, sino lo que demuestren ser en esencia.
Desde los inicios de este centenario republicano con supuesta soberanía y democracia, hemos tenido periódicamente elecciones para la escogencia del presidente y los legisladores (Organo Ejecutivo y Organo Legislativo), lo que nos sustenta que hemos sido y somos un país democrático, y nos lleva a reflexionar sobre qué clase de democracia tenemos y qué clase quisiéramos tener. Considero que por el hecho de tener derecho al voto, ello no garantiza que contamos con una auténtica democracia participativa. Soy de la opinión que por los hechos de haberse logrado rescatar el Canal, excluir las bases militares estadounidenses, y haber expulsado el régimen de dictadura militar, el objetivo primario de todos los panameños para este nuevo siglo debiera ser el de encaminarnos hacia el logro de una cultura verdaderamente democrática, para lo cual se requiere la voluntad de todos y fundamentalmente de quienes dirijan al país. Una de las acciones indispensables para ese logro es la emisión de una nueva Constitución cuyas normas permitan una transformación total del país. La Constitución actual emitida en 1972 con la finalidad de legalizar y estabilizar a la dictadura militar, acabó totalmente con la supuesta democracia que hasta ese entonces se había mantenido, y debido a la presión internacional y fundamentalmente de los estadounidenses se fueron haciendo algunas reformas ilusas para supuestamente reconquistar dicha democracia. Con esas reformas, en mi opinión, lo que se proyectó fue el monopolio de los partidos políticos, lo que se conoce también como partidocracia, que en resumen significa que el poder público no está en el pueblo, sino en los partidos políticos, porque son los únicos que pueden postular, y son los únicos que pueden quitarle el poder a quien el pueblo se lo haya otorgado mediante la llamada revocatoria de mandato. Esto demuestra claramente que los electos no representan al pueblo ni a los electores, representan a los mismos electos, o sea, a su partido político. A fin de mantener esa partidocracia, en ninguna de las reformas hechas a la Constitución de 1972 se ha querido retomar la norma que se había mantenido en todas las constituciones anteriores hasta la de 1946, en la cual se le garantizaba la libertad en el ejercicio de sus funciones a los legisladores electos por el pueblo. Artículo 107: Los diputados una vez elegidos, representan a toda la nación, no están sujetos a ningún mandato y solo obedecen a los dictados de su conciencia. Esta norma, reitero, la disipó la dictadura militar, y aún no se ha reconquistado.
La democracia está en el pueblo, verdaderamente, o no es democracia. Una democracia real y eficaz requiere de normas y principios constitucionales, jurídicos, políticos, sociales y culturales, sujetos a evaluaciones y modificaciones que requiera la sociedad, a fin de mantener un sistema de avance y no de estancamiento. Es precisamente por la falta de esto que el país está estancado; no hay credibilidad en nuestro sistema democrático, y uno de los últimos ejemplos de ello es la negativa a la solicitud que el pueblo en general está haciendo sobre el levantamiento de la inmunidad a los legisladores, a fin de que se defina rápidamente el escándalo que se afronta y que está agravando más la situación del pueblo que es quien otorga los poderes.