Respuestas
Como consecuencia de las actuaciones de los cuerpos de seguridad y de la organización paramilitar oficial conocida como ORDEN, han muerto numerosas personas.
2. Los cuerpos de seguridad y la organización paramilitar oficial denominada ORDEN han cometido torturas y maltratos físicos y psíquicos en muchos casos.
3. Los cuerpos de seguridad cometieron graves violaciones al derecho a la libertad, al efectuar detenciones arbitrarias. Han mantenido lugares secretos de detención, en donde estuvieron privadas de libertad en condiciones extremadamente crueles e inhumanas algunas personas, cuya captura y prisión ha negado el Gobierno.
4. En general, las leyes de El Salvador contemplan el derecho de justicia y de proceso regular, pero en la práctica los recursos legales no son eficaces para proteger a las personas arbitrariamente privadas de sus derechos humanos fundamentales. Esta situación es particularmente seria en los casos que se refieren a personas desaparecidas. Aún con el sistema legal formal hay una importante deficiencia en la actuación de los jueces de policía, quienes pueden condenar a una persona a penas privativas de libertad hasta seis meses sin que estas personas puedan ejercer de una manera efectiva su derecho de defensa y proceso regular.
5. Los derechos de reunión y de asociación, sobre todo el segundo, sufren frecuentes obstáculos cuando son ejercidos por personas o grupos opuestos al Gobierno, especialmente en el caso de los campesinos.
6. Los derechos de libertad de pensamiento y de expresión están sujetos a limitaciones, especialmente en este momento, como consecuencia de las interpretaciones a que da lugar la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público.
7. Existe un generalizado escepticismo por parte de la ciudadanía en relación con el derecho de sufragio y de participación en el Gobierno. En particular, los partidos políticos de oposición llegan, a este respecto, hasta la desconfianza en la posibilidad de tener elecciones libres y puras, no sólo a la luz de las experiencias durante el desarrollo de recientes elecciones, sino también de la estructura del sistema electoral y de los obstáculos que encuentran los partidos para organizarse en el interior del país. Por todo esto, la Comisión estima que los derechos electorales no son eficaces en las presentes circunstancias.
8. Como consecuencia de las actividades que la Iglesia Católica realiza por estimar que forman parte integral de su misión, sacerdotes, religiosos de ambos sexos y laicos que cooperan activamente con la Iglesia, han sido objeto de persecución sistemática por parte de las autoridades y de organizaciones que gozan del favor oficial.
9. El Gobierno de El Salvador es responsable de haber expatriado a nacionales salvadoreños y de prohibírseles la entrada al país, por lo cual dicho Gobierno ha violado los derechos de residencia y tránsito garantizados por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, además, por la propia Constitución Política de El Salvador.
Respuesta:
Segunda. Un segundo aspecto fundamental para una reforma política es la limpieza electoral.
11Los crímenes contra dirigentes nunca han estado aislados de otros crímenes contra la democracia. El fraude, la compraventa de votos, las financiaciones ilegales, la presión indebida al elector, el soborno a las autoridades electorales, son un compendio de faltas y delitos, todos ellos parte del manual del manzanillo. La Constitución del 91 avanzó un poquito, pero no lo suficiente. Es necesario hacer un paquete de delitos contra la democracia con especial énfasis en los delitos electorales y penalizarlos de manera ejemplar. No hay que tenerle miedo a ser altamente represivos contra los que atenían contra la democracia abusando o corrompiendo los mecanismos que ésta tiene para acceder al poder. Por supuesto, consignarlo en una ley no es suficiente: la juridicidad es un proceso social que requiere algo más que un articulado con sus respectivos incisos. Una pedagogía política para que el ciudadano, la fuerza pública, los funcionarios, los partidos, las ONGs, sepan que los fraudes a la democracia son origen de la desgracia nacional y, por lo tanto, que no son admisibles. La democracia, o es limpia o es farsa. Y los políticos, en general, son en Colombia delincuentes electorales.
12Si repasamos nuestra historia, caeremos en cuenta que las organizaciones insurgentes surgieron como reacciones frente a la antidemocracia. Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, cuyos orígenes se remontan a la persecución política de los años cincuenta, en ese todavía oscuro y vergonzoso episodio que es nombrado de manera genérica como "la violencia", pasando por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el cual legitimó su alzamiento en las palabras de Camilo Torres cuando argumentaba que "las vías electorales están cerradas, por cuanto quien escruta, elige". Sin olvidar al Movimiento 19 de Abril, M-19, que nació como respuesta a un fraude electoral, el origen de nuestros conflictos armados es político. La teorización de "las causas estructurales" se ha convertido en una manera de ocultar la semilla política de nuestras confrontaciones armadas.
13Tercera. El tercer elemento para una reforma política que le sirva a la paz, es la igualdad de oportunidades. No es suficiente una ley para la financiación de las campañas, si los partidos tradicionales les llevan a los demás una ventaja inicial representada en financiación partidaria y en ventajas burocráticas. El lastre de unos partidos del pasado, con una cultura de violencia y fraude, pesa demasiado en el mantenimiento del status quo. Sacudirse de ésto no es fácil. Hay que igualar el financiamiento de todas las agrupaciones partidarias con personería jurídica, así la consecución y mantenimiento de esa personería jurídica sea más exigente. El pluralismo político no puede ser una entelequia sostenida por dos partidos "históricos" y una irrisoria gama de organizaciones pequeñas, frágiles y fugaces. Y sin pluralismo no habrá paz.
14Cuarta. Lo que le da todavía legitimidad a la insurgencia no es ni su ideología, ni su programa político, ni su fue militar. Es su base campesina. Hay una inmensa deuda social con esa población en un país donde la riqueza proviene, en una inmensa proporción, del trabajo rural. Pero sobre todo, hay que pagar la deuda política, tal vez más grande que la social. Las oligarquías liberal y conservadora dirimieron sus diferencias atizando a los pobladores del campo en el ruedo de la guerra fratricida. Y ninguno de esos partidos le pagó la deuda política a esta población. El régimen democrático, como régimen representación, que iguala a los hombres en el voto, genera nuevas inequidades con ese sector. Allí donde la densidad poblacional es tan pobre que no es atractiva para los políticos, la democracia no es funcional. Cobrar: la deuda social, como lo hace la guerrilla, mediante el secuestro de ricos, el boleteo a empresas, o el impuesto la coca, no le genera dignidad ni poder a esa población. Y sin una cierta cantidad de decoro no hay paz. Por ello, hay que saldar la deuda política con la gente del agro. Sí necesita una reforma que contemple una circunscripción especial para esa población dispersa, abandonada y marginal que son nuestros trabajadores y propietarios agrícolas. No basta que Tirofijo pueda ir una vez al Congreso. Es necesario que la voz del campo Colombia esté siempre en el Congreso, en las asambleas y en los concejos municipales.
Explicación:
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