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Supongamos que en un par de semanas se localiza una inmensa bolsa de petróleo o una mina de oro de proporciones inauditas en algún lugar de la geografía catalana. Supongamos que todo se hace como Dios manda -y como la ley disponía y, en consecuencia, la explotación de esa riqueza revierte positivamente en el conjunto de la población, no sólo en los titulares de la concesión, que siempre es pública. Siguiendo con la hipótesis -no se trata de un razonamiento contrafactual: es un hecho posible-, imaginemos ahora que en el plazo de un par de años la renta per cápita de los catalanes se incrementa un 20% de forma directa, pero también indirectamente al convertirse en casi gratuitos determinados servicios básicos relacionados con la energía.
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