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Desde la recuperación de la democracia, la degradación ambiental determina el deterioro de la calidad de vida y es el signo elocuente de cómo se construyó la cultura democrática sin lugar para la participación ciudadana.
La noción biológica de ecosistema determina que innumerables organismos viven en él y se sitúan en una constante lucha por los alimentos y el territorio.
Las presiones y demandas sociales, encuentran a este hábitat cordobés en agrios conflictos socio-ambientales, con un Estado que se presenta como neutral y que reduce cada vez más la jerarquía del organismo que rige las políticas ecológicas de la provincia.
Luego de un largo proceso de demandas y reclamos sociales, la recuperada democracia permitió que emergiera, la “ecología de los pobres” de la mano de la participación ciudadana, por sobre la “ecología de los ricos”, que durante la dictadura militar se preocupaba por salvar a los osos pandas de China sin mirar lo que sucedía en su entorno inmediato.
Sin embargo, transcurridas más de tres décadas de democracia, la situación dominante durante la larga noche de la Dictadura se repite: la necesidad de producir a cualquier precio, compensar los gastos del deterioro de los términos del intercambio y enfrentar los compromisos de la deuda provincial asfixiando a los ecosistemas cordobeses, situando a la política económica como un parásito de los recursos naturales, re-significados hoy, como bienes comunes.
Hoy pareciera, que los funcionarios políticos siguen desconociendo que 10 centímetros de suelo arrasado por incendios, erosión o desmonte demoran 100 años en recuperarse; que bebemos aguas mezcladas con excretas y que consumimos alimentos genéticamente modificados. Sin embargo, la preocupación y las recomendaciones de los cuadros técnicos del área ambiental- muchos de ellos de excelencia- nunca lograron eco en sus jefes políticos a lo largo de 3 décadas.