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Frente a este problema, ahora el gobierno intentará ganar el control de los procesos al interior de Pemex y aumentar la vigilancia sobre los funcionarios. Varios de ellos ya enfrentan cargos penales, según anunció este jueves. Tras esta intervención, la nueva administración aseguró que el robo a los poliductos decreció 60%: el promedio entre el 1 y el 20 de diciembre, comparado con el periodo del 21 al 25 de diciembre, pasó de 74.302 a 29.731 barriles diarios.
En la nueva estrategia, la compañía contará con el apoyo de 138 miembros de la Marina y 757 del Ejército, con los que vigilar una terminal marítima, las seis refinerías de Pemex y 30 terminales de almacenamiento y distribución (TAD).
La inclusión de militares no es una novedad para Pemex, debido a que el Ejército ya ha apoyado a la compañía en la vigilancia terrestre de los ductos. Sin embargo, la queja de la anterior administración era que la legislación impedía que esta labor llegara a condenas penales para las personas involucradas en estos delitos, apuntó Ramsés Pech, especialista en energía. Por ello, el nuevo gobierno ha dicho que declarará el robo de combustible como “delito grave”.