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Hasta la publicación de la Ley de Aguas en 1991, la legislación portuguesa estaba complectamente desadaptada e inconexa. Se empezó a legislar en 1892 y a pesar de que los estudios se multiplicaron en esta materia, después de los años 70, pocos progresos se han realizado.
Sin embargo la lucha contra la polución de las aguas se integra en una política de recursos hídricos. La gestión racional del agua se aplica no sólo a los efluyentes vertidos en los ríos sino también a las aguas subterráneas; obligando a la determinación de los volúmenes de los efluyentes, flujo horario, composición química y sistemas de tratamiento.
La promulgación del Decreto-Ley nº74/90 de 7 de marzo que reglamenta la calidad de las descargas de los efluyentes líquidos y la aplicación de la Directiva Comunitaria referente al tratamiento de las aguas residuales obliga a que se observen de las reglas impuestas para los efluyentes industriales.