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Las demandas de los pueblos indígenas mexicanos de autonomía, libredeterminación, derechos humanos, derecho al desarrollo, al territorio, al reconocimiento de sus sistemas normativos, se mantienen vigentes.
A pesar de la dispersión del movimiento indígena mexicano, de la desarticulación nacional, su fuerza radica en la organización, comunitaria, regional y municipal.
Lejos están los momentos cuando el 20 de agosto de 1998, el movimiento indígena mexicano obtuvo una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contra México por la sistemática violación de los derechos humanos en particular de los pueblos indígenas.
De la misma manera, cuando se aglutinaban de manera unitaria en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI), a través de una de las organizaciones más consolidadas como era la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).
Eran otros tiempos. El Estado mexicano, bajo la mirada de la comunidad nacional e internacional, buscaba aminorar las críticas por la guerra de baja intensidad contra las comunidades de base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).