Respuestas
La economía ecuatoriana está en riesgo. Para ser parte de la solución y no del problema, un grupo de expertos organizamos el taller “Retos económicos, Ecuador”. Las conclusiones de las discusiones de dicho taller se sintetizaron en cinco artículos publicados en Koyuntura (revista del Instituto de Economía de la USFQ). En estos artículos se provee un breve diagnóstico de la situación económica de nuestro país. Posteriormente, en base a este diagnóstico, un grupo de veinte economistas —algunos talleristas y otros académicos alineados con nuestra visión—, publicamos, el miércoles 14 de octubre, un comunicado con propuestas para enfrentar la situación económica actual que el propio gobierno ha reconocido es compleja.
Propusimos trece medidas a corto y doce a mediano plazo. Las primeras se agrupan en un gran paraguas cuyo objetivo principal es reducir la incertidumbre nacional e internacional sobre lo que realmente pasa con la economía del Ecuador. Para eso recomendamos lo siguiente:
Comunicar con precisión a los ciudadanos la magnitud del déficit fiscal así como las fuentes disponibles de financiamiento para lo que resta de 2015 y 2016. También se deberían transparentar los rubros de gastos e inversiones que se verían afectados por el respectivo proceso de “optimización del Estado” anunciado por el gobierno en septiembre.
Que el proceso de elaboración del Presupuesto General del Estado sea más óptimo. Es necesario realizarlo con una metodología de Balance Estructural que —en términos simples— es estimar los ingresos del Gobierno Central, ajustándolos al ciclo económico y al precio promedio de largo plazo del petróleo y, autorizar un gasto público consecuente con dichos ingresos. Esto facilitará la consecución de una mayor sostenibilidad fiscal.
Transparentar la información pública sobre la deuda interna y externa, en especial en lo que se refiere a los contratos de preventa petrolera.
Desistir definitivamente de las iniciativas legales que atenten contra la propiedad individual o que tengan naturaleza confiscatoria, como el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.
Instaurar una moratoria normativa que detenga el trámite de cualquier cuerpo legal que pueda afectar negativamente reglas en materia tributaria, regulatoria, financiera o monetaria hasta que la coyuntura adversa pase.
Archivar todo tipo de enmiendas constitucionales hasta que la coyuntura económica y los fenómenos naturales —como El Niño— permitan un debate más profundo.
A corto plazo —desde hoy hasta finales del 2016— también consideramos necesario (además de reducir la incertidumbre) implementar otras medidas como focalizar los subsidios de los combustibles solo a los grupos más vulnerables de la sociedad —pobres y a quienes la alza de precios podría llevar a la pobreza— para así eliminar la asignación ineficiente de recursos. Otra de las recomendaciones es mejorar las condiciones con las que el Ecuador negocia contratos de deuda en los mercados financieros internacionales. Para esto es necesario recuperar la confianza con una política pública prudente que corrija los excesos del pasado que incluyen un incremento del peso del sector público en la economía —en los últimos siete años ha pasado del 35 hasta el 44 por ciento del PIB— lo que ha disminuido la sostenibilidad fiscal del país. Se requiere también reducir el riesgo sistémico bancario —que un shock financiero cause que un conjunto de mercados o instituciones dejen de funcionar en forma eficiente simultáneamente— eliminando las normas que regulan el direccionamiento de los créditos (que hoy están dirigidos solo a sectores que el gobierno considera prioritarios y que son determinados de acuerdo a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera).
Otros cambio urgente para aplicar —hasta finales del 2016— es buscar mecanismos para incentivar inversiones productivas en forma permanente, y no sólo para aquellas empresas que se acogerán al proyecto de Alianzas Público-Privadas. Para eso aconsejamos, como primer paso, revisar técnicamente la carga impositiva y los costos reales a los que enfrentan todo el sector empresarial ecuatoriano (es decir tanto las grandes empresas como las PYMES). Este análisis debe incluir la evaluación técnica del número de trámites que retrasan el tiempo que toma emprender un negocio y por tanto restan competitividad de los sectores productivos. Asimismo, se debe evitar declaraciones contraproducentes hacia la inversión nacional y extranjera, ya que esto genera desconfianza en el ambiente de negocios en el país. En el informe del Banco Mundial “Doing Business 2013: Regulaciones inteligentes para Pequeñas y Medianas Empresas”, el Ecuador ocupó el puesto 139 de 185 países donde se analizó qué tan fácil es hacer negocios.