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Fue una de las primeras manifestaciones políticas del pueblo quiteño en contra de las autoridades españolas.
Se desarrolló entre julio de 1592 y abril de 1593, en época en que don Manuel Barros de San Millán desempeñaba el cargo de Presidente de la Real Audiencia de Quito; y tuvo su origen cuando Felipe II, Rey de España, expidió la Cédula Real por medio de la cual dispuso el pago de un nuevo impuesto del 2% sobre las ventas y permutas.
Este impuesto había sido creado con el propósito de equipar una armada que vigilara los mares de las indias y protegiera el comercio las ciudades y puertos españoles de América, que constantemente sufrían el ataque de corsarios y piratas que las saqueaban y quemaban para apoderarse de sus riquezas.
La cédula -expedida en noviembre de 1591- fue recibida en Quito el 22 de julio del año siguiente y en ella se establecía que el nuevo impuesto debía empezar a cobrarse desde el 15 de agosto de 1592. La Audiencia le concedió al Ayuntamiento de Quito quince días de plazo para que resolviera la aceptación del impuesto, pero apenas transcurridos dos días esta corporación decidió no aceptar dicha imposición y elevar al Monarca una petición que la exonerara de dicho tributo.
Como el gobierno de la Audiencia no les prestó atención, los miembros del Ayuntamiento acudieron ante el Procurador -don Alonso Moreno y Bellido- para que sea él quien dirija las acciones que debían adoptarse para impedir la aplicación de dicho impuesto. A partir de entonces se realizaron varias reuniones secretas en las que por primera vez se oyó hablar de ”insurgencia”, concepto que en esa época era castigado con la horca.
Al conocer de estas reuniones, el presidente Barros de San Millán escribió al Virrey del Perú -don García Hurtado de Mendoza- señalando los peligros que se avecinaban y pidiéndole auxilios militares, a lo que éste respondió enviando una fuerte dotación de arcabuceros al mando del capitán don Pedro de Arana.
La noticia de la llegada de refuerzos militares puso en alerta a los quiteños, y las organizaciones populares y el cabildo prepararon una fuerza de aproximadamente mil hombres para enfrentar a los realistas, al tiempo que todo el pueblo se preparó también para una guerra defensiva.
Por su parte, fray Pedro Bedón -sacerdote dominico quiteño a quien el pueblo admiraba y respetaba por su talento- realizó importantes declaraciones defendiendo la obligación de que se escuche a los representantes del pueblo.
Al poco tiempo las autoridades españolas aceptaron la mediación del padre Bedón y ofrecieron escuchar a los quiteños, por lo que el pueblo depuso su actitud armada y permitió la llegada de las fuerzas de Arana sin oponer la menor resistencia.
Sucedió entonces un hecho verdaderamente vergonzoso, cuando las autoridades españolas, faltando a su palabra, desataron una feroz persecución en contra de los caudillos y líderes quiteños. Esta actitud traicionera hizo que el pueblo vuelva a levantarse en armas, pero lamentablemente ya era demasiado tarde, pues los españoles se habían hecho fuertes en la ciudad ocupando los sitios más estratégicos de la misma, e impidiendo que los quiteños puedan actuar.
Inmediatamente las autoridades realistas organizaron un tribunal especial y ordenaron la prisión de los dirigentes y partidarios de la revolución, a los que juzgaron muy ligeramente y condenaron a muerte.
El 28 de diciembre de 1592, en la noche, en medio del silencio habitual de la ciudad se escucharon varios disparos de arcabuz, y cuando el pueblo acudió para ver qué había sucedido, se descubrió el cuerpo del procurador Moreno Bellido, que herido de muerte señaló que le habían disparado desde la casa de la Audiencia.
Ese fue el inicio de la represión. A los patriotas se los ahorcaba por la noche para que a la mañana siguiente sus cadáveres pudieran ser contemplados por los vecinos de la ciudad como un escarmiento en contra del pueblo y la revolución. Los revolucionarios, por su parte, cometieron también varios atropellos y crímenes en contra de los realistas.
Al conocer el Rey de España y el Real Consejo de Indias lo que estaba sucediendo en Quito, desaprobaron airadamente dichos crímenes, pero desgraciadamente las noticias tardaban mucho tiempo en llegar y fueron muy pocos los que pudieron escapar de la persecución.
“La revolución de las Alcabalas, como toda revolución, principió alegando motivos justos; pero después los autores de ella se lanzaron a cometer crímenes, de los cuales no es lícito excusarlos. Los caudillos de los motines y levantamientos de la plebe, no veían ellos mismos el abismo en que precipitaban a la sociedad…
Por otra parte, la autoridad, ejercida por hombres mezquinos y a la vez apasionados, no tuvo, como debiera tener, por única norma de sus actos, la justicia, sino el interés y la venganza. Quito conoció entonces, con dolorosa experiencia, cuales eran los resultados prácticos de esas revoluciones y levantamientos, en que, con pretexto del bien común, se buscaba el medro individual”