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La minería está en expansión y ya representa el 5 % del PIB en Argentina. Por el lado positivo, las mineras están dejando regalías, inversiones y una fuente de empleo en las provincias más necesitadas. Por el lado negativo, las mineras dejan contaminación y otras externalidades negativas sobre los pueblos. El debate está abierto.
En 1993, en el marco de la Ley de Inversiones Extranjeras (sancionada en 1976), se aprobó la Ley 24.196 de Inversiones Mineras y se suscribió el Acuerdo Federal Minero entre el Estado nacional y las provincias. De esta forma, el régimen de inversiones actualmente vigente –basado en amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales– fue diseñado y aprobado al margen de un verdadero debate político nacional. En el debate parlamentario de la Ley de Inversiones Mineras, el entonces diputado Castillo (PJ Catamarca) explicó la urgencia del momento: “Pocas veces en el mundo se dan situaciones coyunturales donde hay gran cantidad de capital que busca una inversión; ésta es una de ellas. Por lo dicho, solicito que aprobemos rápidamente este proyecto”. […]
Luego del traspaso de los recursos naturales a los Estados provinciales (art. 124 de la nueva Constitución Nacional), este proyecto funcionó como guía de acción para las reformas que faltaban. Por un lado, el ordenamiento y la unificación de los códigos de minería nacional y provinciales. Por otro, la subordinación de las Evaluaciones Ambientales a las propias secretarías mineras provinciales (Ley Nº 24.585). No se consultó, para ello, a las distintas organizaciones políticas y sociales, pero sí a las instituciones privadas interesadas (la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y el Grupo de Empresas Mineras Exploradoras), a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la ONU, y hasta empresas como Minera Alumbrera, BHP y Barrick Gold