que poder agumentos defendieron los representantes de ambos poderes respecto a los conflictos que se les enfrento
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Comprensiblemente harto de la batalla anual que debe dar ante el Poder Ejecutivo para obtener los recursos que necesita y que le son negados, el Poder Judicial, a través de su presidente Hugo Sivina, presentó un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo, a fin de lograr que respete la autonomía que le otorga la Constitución y presente tal cual ante el Congreso el presupuesto que formula, sin hacerle recortes.
La demanda del PJ sostiene que dicho poder del Estado ha elaborado un proyecto de presupuesto para el año 2005 por un total de 993 millones de soles, los que han sido recortados por el Ministerio de Economía y Finanzas a 683 millones, es decir casi en una tercera parte. Los magistrados alegan que, según el artículo 145 de la Constitución, el Poder Ejecutivo carece de competencia para esta modificación, por lo cual pide que se anule y que el proyecto elaborado por el PJ llegue intacto al Congreso. Se trata de un reclamo vía acción cautelar que busca que se respete la Constitución a fin de que sea el PJ quien presente y sustente su presupuesto ante el Congreso, por tanto pide al TC no sólo reconocer este derecho, sino anular lo que considera una intromisión inconstitucional, la misma que se reitera año a año y hace imposible cumplir con los proyectos de reforma del sector, puesto que no toma en cuenta sus necesidades.
Hay que decir que esta demanda ante el TC es llover sobre mojado, pues no ha habido año desde que subió al poder el toledismo en que no se haya producido un choque entre ambos poderes por los recortes hechos por el Ejecutivo, el cual ni siquiera cumple con prevenir al PJ de los mismos y lo coloca en una situación de hechos consumados, la misma que acepta luego el Congreso, colocando a jueces y magistrados en posición crítica.
Lo anterior quiere decir que si bien el discurso oficial defiende la idea de un PJ independiente y honesto, en la práctica no hace nada para lograrlo, pues lo priva de fuentes de financiamiento, de modo que le impide en los hechos actuar con independencia para garantizar la seguridad jurídica indispensable para el buen funcionamiento de la justicia en democracia. Hay aquí una contradicción intolerable y que culmina en la asfixia del PJ.
Creemos que el Poder Judicial tiene razón en su demanda y que ojalá la misma sea amparada por el TC. Hay que añadir que estos recortes son hechos sobre el proyecto de presupuesto ordinario elaborado, que no comprende otros 413 millones demandados por la Ceriajus para continuar la reforma judicial y poner en marcha la paulatina vigencia del Código Procesal Penal. Con lo cual no habrá manera de que la justicia cambie. Ojalá que el Congreso reflexione y otorgue al PJ estos recursos indispensables.
Comprensiblemente harto de la batalla anual que debe dar ante el Poder Ejecutivo para obtener los recursos que necesita y que le son negados, el Poder Judicial, a través de su presidente Hugo Sivina, presentó un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo, a fin de lograr que respete la autonomía que le otorga la Constitución y presente tal cual ante el Congreso el presupuesto que formula, sin hacerle recortes.
La demanda del PJ sostiene que dicho poder del Estado ha elaborado un proyecto de presupuesto para el año 2005 por un total de 993 millones de soles, los que han sido recortados por el Ministerio de Economía y Finanzas a 683 millones, es decir casi en una tercera parte. Los magistrados alegan que, según el artículo 145 de la Constitución, el Poder Ejecutivo carece de competencia para esta modificación, por lo cual pide que se anule y que el proyecto elaborado por el PJ llegue intacto al Congreso. Se trata de un reclamo vía acción cautelar que busca que se respete la Constitución a fin de que sea el PJ quien presente y sustente su presupuesto ante el Congreso, por tanto pide al TC no sólo reconocer este derecho, sino anular lo que considera una intromisión inconstitucional, la misma que se reitera año a año y hace imposible cumplir con los proyectos de reforma del sector, puesto que no toma en cuenta sus necesidades.
Hay que decir que esta demanda ante el TC es llover sobre mojado, pues no ha habido año desde que subió al poder el toledismo en que no se haya producido un choque entre ambos poderes por los recortes hechos por el Ejecutivo, el cual ni siquiera cumple con prevenir al PJ de los mismos y lo coloca en una situación de hechos consumados, la misma que acepta luego el Congreso, colocando a jueces y magistrados en posición crítica.
Lo anterior quiere decir que si bien el discurso oficial defiende la idea de un PJ independiente y honesto, en la práctica no hace nada para lograrlo, pues lo priva de fuentes de financiamiento, de modo que le impide en los hechos actuar con independencia para garantizar la seguridad jurídica indispensable para el buen funcionamiento de la justicia en democracia.
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