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General de la ONU, mediante Resolución 47/37 del 1993 se refirió a la protección del ambiente en tiempos de conflicto armado, al reconocer “que ciertos medios y métodos bélicos pueden surtir efectos desastrosos sobre el medio ambiente”.
En dicho documento expresa su preocupación por los daños al ambiente y al agotamiento de recursos naturales, incluida la destrucción de pozos y el vertimiento de petróleo al mar. Señala que el derecho internacional prohíbe estos actos y, que por tanto, tales disposiciones deben ser ampliamente difundidas. Recuerda la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), en especial su principio 24 que señala que “La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los estados deberán respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo,