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LA JUNTA de Extremadura, gobernada por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha presentado tres recursos de inconstitucionalidad contra el sistema de financiación autonómica, ya en vigor, pactado por el Gobierno de Aznar con CiU y aprobado luego con el voto de las comunidades autónomas que gobierna el PP. También los socialistas andaluces anuncian nuevos recursos. El motivo argumentado por la Junta extremeña y el PSOE andaluz es que la cesión del 30% del IRPF, y sobre todo el reconocimiento de capacidad normativa sobre la parte cedida del impuesto, rompe la unidad fiscal y quiebra la solidaridad entre las regiones, al perjudicar a las autonomías con menos recursos.El partido socialista ha encontrado en la financiación autonómica el incentivo necesario para practicar una oposición política dura. Es una cuestión importante para la configuración del Estado y muy rentable en términos políticos, puesto que siempre acaba por tocar la cuestión de las desigualdades. No puede acusarse de incoherencia a Rodríguez Ibarra, puesto que ya se opuso a la cesión del 15% cuando la aprobó el Gobierno de González, y con mayor razón lo hace ahora. Otra cosa es que el PSOE, que abrió la caja del IRPF a las comunidades autónomas, ponga ahora el grito en el cielo porque sus sucesores han duplicado el porcentaje de impuesto cedido. La justificación de esta oposición de hoy tienen que buscarla más bien en la capacidad normativa parcial que se reconoce a las autonomías y que en la práctica puede terminar en una guerra de rebajas que sin duda favorece a las más ricas. Pero si la actitud de los socialistas. entierra algunas contradicciones con su propia acción de gobierno, tampoco se queda atrás el Partido Popular.