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La conversación ha cambiado en Colombia. La ira y el rechazo que producían las noticias de masacres, desplazamientos y desapariciones en las regiones del país por la guerra han dado el relevo a la indignación por la corrupción. El campo colombiano sigue viviendo la desigualdad, la exclusión y los coletazos del conflicto armado ahora en forma de disputas por el botín del narcotráfico. Pero los escándalos por los sobornos de Odebrecht, el tráfico de influencias en la Corte Suprema y el robo sistemático de recursos en ciudades emblema como Cartagena de Indias se apoderan de las emociones de los ciudadanos.
El 61% de los colombianos considera que la corrupción creció en su país de 2013 a 2016, según el informe América Latina y el Caribe del Barómetro Global de Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, la organización social líder en la lucha contra la corrupción a nivel global. En 2010 el porcentaje era del 28% y en 2013 del 56%, de acuerdo con este mismo estudio.
La corrupción se convierte en una preocupación central en Colombia
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
Marcela Restrepo, directora de Gestión de Conocimiento de la organización Transparencia por Colombia, apunta a un cambio institucional, por el momento solo en lo formal, para entender el aumento en la percepción de este delito. “El presidente Juan Manuel Santos fue el primer mandatario colombiano que reconoció ante un micrófono que este era un problema esencial. Un factor que se había negado permanentemente”, considera. A esta declaración le siguió un paquete de medidas que respondían a las directrices de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la OCDE en esta materia.
El Estatuto Anticorrupción, aprobado por el Gobierno Santos, se reforzó en 2011 con una Secretaría de Transparencia que lleva seis años cambiando la cultura de las administraciones públicas colombianas a partir de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. “Todas las entidades deben transparentar sus procesos y darle a la comunidad toda la información posible”, dice Gabriel Cifuentes, secretario de esta entidad. Lo que se traduce en que por primera vez en la historia de Colombia las webs incluyen la estructura de la institución, quién la compone, información de contacto, la normativa vigente, además de un canal de comunicación con la ciudadanía.
Estas mismas organizaciones deben tener planes anticorrupción para determinar posibles riesgos y así establecer controles efectivos para mitigarlos. “Por el momento estamos en el proceso de implementación, los primeros resultados los tendremos a partir de enero”, asegura el secretario, que justifica que en seis años no hayan tenido conclusiones por la estructura administrativa de Colombia con más de mil municipios.