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El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Consejo de la Judicatura impulsan este proyecto, donde el Gobierno de turno no ha escatimado recursos para equipar los puntos de Audiencia Virtual con tecnología de punta, que permite una comunicación clara y la consecución de audiencias para que las personas privadas de libertad tengan un proceso judicial eficiente.
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