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El acuerdo con la International Petroleum Company (IPC) era el último tramo del camino para que el gobierno de Belaunde concilie los intereses burgueses con las clases populares. Sin embargo, una vez resuelto, las condiciones del arreglo de la IPC se conocieron a través de El Comercio lo que desató una ola generalizada de protestas desde los sectores radicalizados y las universidades. Este contrato estipulaba que la IPC entregaba los pozos casi agotados al Estado, a cambio se anulaban todos los reclamos hacia la compañía y se le otorgaba la refinería con la condición de que la modernizara, a cambio la Empresa Petrolera Estatal le vendería toda su producción a la IPC. Un contrato a todas luces desigual y perjudicial para el Estado Peruano. Además, el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal denunció que se había perdido la página 11 del contrato conocido como el Acta de Talara que contenía el precio que la IPC se obligaba a pagar a la Empresa Petrolera Fiscal por los crudos que estaba obligada a venderle. La reacción frente al contubernio del gobierno y la IPC degeneró en el rompimiento de las alianzas con las agrupaciones que darían estabilidad al gobierno y quedó aislado. En un primer momento las Fuerzas Armadas en representación del Ministro de Guerra expresaron que no intervendrían. Sin embargo, el jefe del Comando Conjunto, general Juan Velasco Alvarado se apresuró a afirmar “las declaraciones del ministro Gagliardi no tienen validez. Ni las Fuerzas Armadas, ni el Comando Conjunto dependen de un ministro”. Esta declaración mostraba el carácter autónomo con el que se conducía una facción de las fuerzas militares. Así, el golpe ya se estaba organizando desde febrero y para la fecha que instauró el nuevo gabinete era demasiado tarde. El golpe se dio el 3 de octubre aprovechando la debilidad del gobierno1
El acuerdo con la International Petroleum Company (IPC) era el último tramo del camino para que el gobierno de Belaunde concilie los intereses burgueses con las clases populares. Sin embargo, una vez resuelto, las condiciones del arreglo de la IPC se conocieron a través de El Comercio lo que desató una ola generalizada de protestas desde los sectores radicalizados y las universidades. Este contrato estipulaba que la IPC entregaba los pozos casi agotados al Estado, a cambio se anulaban todos los reclamos hacia la compañía y se le otorgaba la refinería con la condición de que la modernizara, a cambio la Empresa Petrolera Estatal le vendería toda su producción a la IPC. Un contrato a todas luces desigual y perjudicial para el Estado Peruano