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Colombia aprobó la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
De esta manera, se da desarrollo al Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos identificarnos en medio de la diferencia, a través de los principios constitucionales fundamentales del pluralismo artículo 1, el principio de la diversidad étnica artículo 7 y el multiculturalismo del artículo 70 de la Constitución Nacional.
Por esta razón, es necesario que los esfuerzos legislativos realizados para lograr el objetivo de la igualdad, sean lo más incluyentes posibles, garantizando la diversidad y el derecho a la diferencia.
En este contexto, encontramos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Ley 22 de 1981, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Ley 51 de 1981 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009, que prohíben la discriminación contra estas personas.
Sin embargo, la Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, ya consagraba la sanción de la discriminación racial.