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- Derecho al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales o a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida,
- Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es el espacio público. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados.
- Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Por ejemplo, cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los materiales.
- Derecho a la ciudadanía como receptora y perceptora de principios y valores (felicidad, solidaridad, justicia, tolerancia, equidad. Derecho a la ciudadanía como práctica divergente y disensual.
- Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, participar o confrontarse. Para los “excluidos” o marginados la integración grupal, muchas veces conflictiva por naturaleza, es indispensable para conseguir su reconocimiento.
- Derecho al acceso y al uso social de las tecnologías de información y comunicación. Se debe proteger y garantizar este derecho y también la utilización de las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés público y general.
- Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio, reubicación o integración para aquellos ciudadanos o grupos vulnerables que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de las múltiples violencias tanto oficiales como privadas. Estas áreas-refugio forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
- Derecho de protección ante instituciones políticas, organizaciones públicas o privadas y empresas prestadoras de servicios. Se trata de defender a los ciudadanos en sus intereses como usuarios y consumidores. Esta protección deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Muchas veces la complejidad del consumo social aumenta la dependencia ciudadana respecto a las empresas prestadoras de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en calidad de mercados oligopólicos. Se deben fortalecer las ligas de consumidores.
- Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos.
- Derecho al empleo y al salario ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un papel social que proporcione ingresos económicos al conjunto de la población activa.
- Derecho a la calidad del medio ambiente. Legitimar y legalizar el derecho a una calidad de vida integral y el derecho a preservar nuestro hábitat como un legado para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso sostenible de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
- Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales.
- Derecho a la participación. Los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.), deben participar o acceder a todo tipo de eventos donde se traten cuestiones que afecten directamente a sus comunidades.
Derecho a igual movilidad y acceso a la información similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas prestadoras .
Derecho a constituir redes y asociaciones. Estas deben actuar “glocalmente” (pensar globalmente y actuar localmente) y deben ser reconocidas a escala local, regional, nacional e internacional.
- Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es el espacio público. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados.
- Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Por ejemplo, cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los materiales.
- Derecho a la ciudadanía como receptora y perceptora de principios y valores (felicidad, solidaridad, justicia, tolerancia, equidad. Derecho a la ciudadanía como práctica divergente y disensual.
- Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, participar o confrontarse. Para los “excluidos” o marginados la integración grupal, muchas veces conflictiva por naturaleza, es indispensable para conseguir su reconocimiento.
- Derecho al acceso y al uso social de las tecnologías de información y comunicación. Se debe proteger y garantizar este derecho y también la utilización de las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés público y general.
- Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio, reubicación o integración para aquellos ciudadanos o grupos vulnerables que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de las múltiples violencias tanto oficiales como privadas. Estas áreas-refugio forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
- Derecho de protección ante instituciones políticas, organizaciones públicas o privadas y empresas prestadoras de servicios. Se trata de defender a los ciudadanos en sus intereses como usuarios y consumidores. Esta protección deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Muchas veces la complejidad del consumo social aumenta la dependencia ciudadana respecto a las empresas prestadoras de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en calidad de mercados oligopólicos. Se deben fortalecer las ligas de consumidores.
- Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos.
- Derecho al empleo y al salario ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un papel social que proporcione ingresos económicos al conjunto de la población activa.
- Derecho a la calidad del medio ambiente. Legitimar y legalizar el derecho a una calidad de vida integral y el derecho a preservar nuestro hábitat como un legado para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso sostenible de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
- Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales.
- Derecho a la participación. Los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.), deben participar o acceder a todo tipo de eventos donde se traten cuestiones que afecten directamente a sus comunidades.
Derecho a igual movilidad y acceso a la información similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas prestadoras .
Derecho a constituir redes y asociaciones. Estas deben actuar “glocalmente” (pensar globalmente y actuar localmente) y deben ser reconocidas a escala local, regional, nacional e internacional.
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