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pena de muerte porque, en 1978, el Estado ratificó el Pacto de San José, un documento bajo el nombre de la ‘Convención Americana sobre Derechos Humanos’.
Este tratado internacional tiene dos puntos importantes que no permiten la pena capital en nuestro territorio.
El primero es que “la Convención impide a los países extender la pena de muerte para delitos que no estuvieran ya contemplados con anterioridad en sus territorios” y el segundo señala que “ningún país puede interpretar la Convención para limitar la libertad de sus ciudadanos".
Se debe señalar que cuando Perú ratificó el Pacto, la pena de muerte estaba vigente para “traición a la patria en caso de guerra exterior”, “homicidio calificado” y otros supuestos; sin embargo, la constitución de 1979 solo mantuvo la pena por “traición a la patria”.
Por esto, por asesinato y la violación no se puede aplicar la pena de muerte. Para aplicarla se debería renunciar al Pacto de San José (que genera que el Perú quede sin protección del sistema interamericano a los derechos humanos) y también modificar la constitución de 1993.