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La iniciativa legislativa popular (ILP) o iniciativa popular (IP), o también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia semidirecta; se trata de la posibilidad amparada en la Constitución, de que las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que se puedan tomar en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.
La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de la iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo.
En algunos países, la iniciativa popular tiene una regulación específica que establece algunas especialidades en su tramitación como puede ser la aceptación de la firma electrónica, aceptada en la Iniciativa legislativa popular en España desde 2006.
Entendemos por iniciativa popular a aquella instancia en la cual el pueblo puede presentar soberanamente una propuesta de legislación que sea tratada en el cuerpo legislativo correspondiente y que pueda eventualmente convertirse en ley.
La noción de iniciativa popular es relativamente reciente en el campo de la política si tenemos en cuenta que la política se convirtió en un derecho popular en los últimos siglos y realmente desde entonces puede el pueblo participar en diferentes instancias. Es claro que en un sistema democrático la principal instancia de participación es el sufragio o voto cuando hay elecciones, pero luego se encuentran en el camino otras opciones menos conocidas pero no por eso menos importantes. La iniciativa popular es una de ellas y tiene como principal objetivo que los diferentes sectores de la sociedad puedan presentar proyectos de ley a los cuerpos legislativos para que los mismos las traten. En muchos casos, esas propuestas suelen tener que ver con necesidades directas del pueblo o del sector en cuestión que no están siendo tenidas en cuenta o atendidas por las diferentes ramas del gobierno.
Los requisitos para la presentación de una iniciativa popular varían mucho de acuerdo a la región o país que las determine, pero en la mayoría de los casos tiene que validarse con un mínimo número de firmas que prueben que no es un proyecto particular o individual si no que es algo que atañe a gran parte de la población. En otros casos, algunos países tienen límites sobre los temas o áreas sobre las que se puede presentar un proyecto de este tipo y esto es cuando por ejemplo se trata de problemáticas como el presupuesto, la constitución, los poderes del Estado, etc.
Por lo general, no son muchas las iniciativas populares que llegan a los cuerpos legislativos ya que requieren de un gran número de adhesiones y además deben sortear los posibles juegos que se realicen dentro del cuerpo legislativo en cuestión que impida que llegue a ser tratada. Además, es muy común que este tipo de iniciativas populares tengan que ver con cuestiones de índole social, económica o cultural que afecten directamente al pueblo.