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Tras la caída de Rojas Pinilla en mayo de 1957, los mandos guerrilleros de filiación liberal confiaron en las garantías ofrecidas por el nuevo gobierno e iniciaron un proceso de desmovilización. Los jefes y cuadros guerrilleros ya desarmados eran “cazados” por agentes de civil en los pueblos y ciudades, como el caso de Guadalupe Salcedo (ultimado en Bogotá) o como el ejemplo de los hermanos David y Gilberto Cantillo, asesinados junto a sus 247 hombres cerca de Rovira, en el mismo lugar donde se desmovilizaron. Desafortunadamente este estado de cosas se mantuvo hasta los primeros años de los sesenta. Los mecanismos eran diversos; los militares aplicaban la ley fuga o encargaban el trabajo sucio a los “pájaros” reclutados entre delincuentes comunes o campesinos fanatizados por la propaganda anticomunista.