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UNA DÉCADA GRIS OSCURA
Mucho se habla de que en la década de los 80 a Colombia le fue menos mal que al resto de América Latina. Triste consuelo. En comparación con las décadas pasadas, se presentó una notable disminución de la tasa de crecimiento económico y de la generación de nuevos empleos, a tiempo que se redujo el gasto social por habitante. El crecimiento económico (del PIB) en la década de los 60 fue del 5.1 por ciento anual promedio; en la de los 70 del 5.5 por ciento y en los 80 apenas llegó al 3.2 por ciento anual. Esta desaceleración fue particularmente notoria en el sector industrial, que pasó de crecer al seis por ciento anual en los 70 a tan solo 2.4 por ciento en los 80.
Como consecuencia de la reducción en las tasas de crecimiento económico, el número total de ocupados, que venía creciendo a un seis por ciento anual promedio en la segunda mitad de los 70, aumentó solamente en 2.6 por ciento anual en los ochenta.
La tasa de desempleo se incrementó del 8.1 por ciento en 1981 al 9.57 por ciento a finales de 1989, habiendo alcanzado la cifra record del 13.8 por ciento en 1985. El efecto sobre el desempleo abierto no fue mayor gracias a tres factores: (1) el descenso en las tasas de crecimiento de la población en edad de trabajar (de 3.6 por ciento en promedio en la segunda mitad de los 70, a 2.3 por ciento en los 80), como consecuencia de los profundos cambios demográficos que ocurrieron en la sociedad colombiana durante la década de los 70; (2) la disminución del ritmo de crecimiento de la tasa de participación laboral, del 2.2 por ciento en la segunda mitad de los 70 al 0.7 por ciento en los 80; (3) el considerable aumento de los empleos en el sector informal, en particular en la primera mitad de la década de los 80, que absorbió buena parte de los nuevos trabajadores que no pudo emplear el sector formal de la economía.
A pesar de ello, el crecimiento absoluto del número de ocupados fue inferior al de la población en edad de trabajar en todos los años 80, con excepción de 1987, de modo que la década no contribuyó a aliviar los problemas estructurales de empleo.
Por su parte, el gasto público social por habitante (en educación, salud, seguridad social y vivienda) se redujo entre 1981 y 1988, en términos reales, y perdió participación en relación con el gasto público total y el PIB, a pesar de un aumento significativo hasta 1984. Como proporción del PIB, bajó del 7.45 en 1980 al 7.21 por ciento en 1988, habiendo llegado a 9.4 por ciento en 1984.
La política de ajuste aplicada a partir de 1985 no solamente contrajo el gasto público total, sino de manera especial el gasto social, a pesar de que los dos últimos gobiernos señalaron de manera expresa su deseo de incrementarlo y de cambiar a su favor la composición del gasto total. Las cifras anteriores encuentran un modesto atenuante en el hecho de que en los cuatro últimos años de la década se intentó un proceso de focalización del gasto social hacia los grupos más pobres.
La década se dividió en tres períodos muy claros. Hasta 1985 se vivió una recesión (el PIB creció al dos por ciento por año y la industria al 0.7 por ciento), con un deterioro muy sustancial del empleo, pero con una compensación parcial por el incremento de los salarios reales (gracias al descenso de las tasas de inflación) y un aumento importante en el gasto público social.
En 1986 y 1987 se reactivó la economía y la generación de empleo, gracias al impulso de demanda de la bonanza cafetera. Sinembargo, en 1988 y 1989 la tasa de crecimiento volvió a descender, al 3.6 por ciento anual promedio, como consecuencia de la aplicación de una política anti-inflacionaria de corte tradicional, ante la aceleración de los índices de precios al consumidor. Esta política ortodoxa trajo como consecuencia una reducción notable en el crecimiento económico y en la generación de nuevos empleos, sin haber tenido un mayor efecto sobre las tasas de inflación. Su evidente fracaso ha dado lugar a que, finalmente, las autoridades económicas reconozcan que, dado el carácter inercial del proceso inflacionario, se requiere algo más que políticas ortodoxas para combatirlo. En sus últimas declaraciones, el Ministro de Hacienda concedió que será necesario algo parecido a un Pacto Social, en busca de la desindexación de la economía, como lo venían proponiendo los sectores académicos del país desde hace varios años.
Frente a estos hechos, es preciso reconocer que la economía termina la década sin desequilibrios mayores.