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Mientras que algunos sectores apelan a la solidaridad para abrir nuestras fronteras; sin embargo, otros consideran que es tiempo de detener la ola migratoria debido al supuesto impacto negativo que provoca en la economía del país.
El primero es el incremento de la informalidad laboral. Del total de emigrantes, solo 4.600 están en planilla, lo que representa el 0.15% de la Población Económicamente Activa (PEA) formal del país. El resto se dedica, por lo general, al comercio ambulatorio o trabajan en empleos informales.
Esto, a su vez, repercute en el desorden comercial, la competencia ilegal y la evasión de impuestos, agregó Loayza. Y, en segundo lugar, explica el especialista, el Gobierno peruano tendrá que asignar más recursos para los servicios públicos.
“El impacto, en este caso, es directamente proporcional a la cantidad de venezolanos que logren el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Hasta la fecha, hay 26,600 venezolanos que cuentan con este permiso. Eso les permite acceder no solo a trabajos formales, sino también a escuelas públicas, servicios de salud públicos, entre otros, que demandan más inversión por parte del Estado Peruano”.
Por otro lado, esta ola migratoria no solo impacta en la economía del país, sino en la estructura social. De acuerdo al sociólogo Jorge Salcedo, quien es profesor en la mencionada universidad, el mercado peruano, sobre todo en el sector servicios y atención al público, prefiere realizar contrataciones teniendo como base la apariencia física de los postulantes, lo que genera conflicto.