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Presiones internacionales, especialmente por parte de los Estados Unidos y la labor de ciertos políticos, periodistas, jueces y autoridades que se opusieron ante el avance de las mafias, causaron una guerra contra el estado en la década de los 80 y especialmente hasta la muerte de Pablo Escobar, su principal líder, en 1993.
en 1980 con la toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de dicho año. Por otro lado, en marco de este Estatuto, se produjo un aumento exponencial de los casos de abuso contra los derechos humanos y las desapariciones por parte de agentes del Estado; los secuestros aumentaron de 44 casos en 1979 a 1126 en 1980.
Los carteles de la droga de Medellín y Cali, se basaron en un principio en el negocio de la marihuana, pero posteriormente se diversificaron entrando a la producción de cocaína. En este marco, surgió en 1981 el grupo MAS (Muerte a Secuestradores), de justicia privada pero conformado por elementos del Cartel de Medellín debido al secuestro de Martha Nieves Ochoa (hija de Fabio Ochoa) por parte de guerrilleros del M-19.
A partir de 1982, durante el gobierno Belisario Betancur Cuartas, del Partido Conservador, se lograron hacer algunos acuerdos de paz con las FARC y el M-19. El primero creó el partido Unión Patriótica pero sus miembros fueron asesinados en circunstancias que aún no se esclarecen y que endurecieron más los procesos de paz. Las víctimas del exterminio a la Unión Patriótica fueron más de 4.000, entre las cuales se cuentan 9 congresistas y 2 candidatos presidenciales.
La prueba de la manera cómo las mafias del narcotráfico comenzaron a influir en la vida política nacional lo constituyó el triunfo de Pablo Escobar con un escaño en el Senado en las elecciones de 1982 bajo el padrinazgo político de Alberto Santofimio. La campaña del periódico El Espectador y del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla que denunciaron sus nexos con el crimen organizado, le hicieron perder el escaño y detuvieron su ascenso político. El 30 de abril de 1984 fue asesinado por sicarios en una calle de Bogotá el Ministro Lara, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra las mafias que ocuparía los siguientes diez años. Pero el capo de las mafias comenzó una guerra de terrorismo y magnicidios que tuvo como ejemplos el atentado al edificio del DAS y la explosión de un avión de Avianca que trajo con sigo la muerte de todos sus ocupantes.
Por su parte el 6 de noviembre de 1985 el M-19, después de que se interrumpieron los acuerdos con el gobierno de Betancur, se tomó el Edificio del Palacio de Justicia en Bogotá. La acción concluyó violentamente con la muerte tanto de los insurgentes como de los magistrados de la Corte cuando el gobierno dio la orden de tomarse el lugar por la fuerza. Los hechos que llevaron a la trágica conclusión de este episodio tampoco fueron esclarecidos y ninguna persona ha sido judicialmente responsabilizada por la muerte y desaparición de las personas que estaban en el Palacio de Justicia.
El siguiente período de gobierno, a la cabeza de Virgilio Barco Vargas, tendría que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARCy el aumento de la violencia causado por la guerra declarada por el Cartel de Medellín. Sin embargo, para 1989, las críticas al sistema político cerrado provenían no sólo de los grupos guerrilleros o de partidos como el comunista o la Unión Patriótica, sino que había permeado a las nuevas propuestas políticas y a los grupos universitarios (tanto de universidades públicas como privadas). Este nuevo liderazgo estaba representado en el senador y precandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el más probable ganador de las elecciones presidenciales de 1990.
El poder de las mafias se manifestó entre 1989 y 1990, y para golpear a la democracia en plena campaña electoral fueron asesinados los dirigentes políticos Luis Carlos Galán del liberalismo, Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro Leongómez quien dirigió la desmovilización del M-19 durante ese gobierno para posteriormente convertirse en partido político.
en 1980 con la toma de la Embajada de la República Dominicana en febrero de dicho año. Por otro lado, en marco de este Estatuto, se produjo un aumento exponencial de los casos de abuso contra los derechos humanos y las desapariciones por parte de agentes del Estado; los secuestros aumentaron de 44 casos en 1979 a 1126 en 1980.
Los carteles de la droga de Medellín y Cali, se basaron en un principio en el negocio de la marihuana, pero posteriormente se diversificaron entrando a la producción de cocaína. En este marco, surgió en 1981 el grupo MAS (Muerte a Secuestradores), de justicia privada pero conformado por elementos del Cartel de Medellín debido al secuestro de Martha Nieves Ochoa (hija de Fabio Ochoa) por parte de guerrilleros del M-19.
A partir de 1982, durante el gobierno Belisario Betancur Cuartas, del Partido Conservador, se lograron hacer algunos acuerdos de paz con las FARC y el M-19. El primero creó el partido Unión Patriótica pero sus miembros fueron asesinados en circunstancias que aún no se esclarecen y que endurecieron más los procesos de paz. Las víctimas del exterminio a la Unión Patriótica fueron más de 4.000, entre las cuales se cuentan 9 congresistas y 2 candidatos presidenciales.
La prueba de la manera cómo las mafias del narcotráfico comenzaron a influir en la vida política nacional lo constituyó el triunfo de Pablo Escobar con un escaño en el Senado en las elecciones de 1982 bajo el padrinazgo político de Alberto Santofimio. La campaña del periódico El Espectador y del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla que denunciaron sus nexos con el crimen organizado, le hicieron perder el escaño y detuvieron su ascenso político. El 30 de abril de 1984 fue asesinado por sicarios en una calle de Bogotá el Ministro Lara, lo que llevó a que el presidente Betancourt aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra las mafias que ocuparía los siguientes diez años. Pero el capo de las mafias comenzó una guerra de terrorismo y magnicidios que tuvo como ejemplos el atentado al edificio del DAS y la explosión de un avión de Avianca que trajo con sigo la muerte de todos sus ocupantes.
Por su parte el 6 de noviembre de 1985 el M-19, después de que se interrumpieron los acuerdos con el gobierno de Betancur, se tomó el Edificio del Palacio de Justicia en Bogotá. La acción concluyó violentamente con la muerte tanto de los insurgentes como de los magistrados de la Corte cuando el gobierno dio la orden de tomarse el lugar por la fuerza. Los hechos que llevaron a la trágica conclusión de este episodio tampoco fueron esclarecidos y ninguna persona ha sido judicialmente responsabilizada por la muerte y desaparición de las personas que estaban en el Palacio de Justicia.
El siguiente período de gobierno, a la cabeza de Virgilio Barco Vargas, tendría que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARCy el aumento de la violencia causado por la guerra declarada por el Cartel de Medellín. Sin embargo, para 1989, las críticas al sistema político cerrado provenían no sólo de los grupos guerrilleros o de partidos como el comunista o la Unión Patriótica, sino que había permeado a las nuevas propuestas políticas y a los grupos universitarios (tanto de universidades públicas como privadas). Este nuevo liderazgo estaba representado en el senador y precandidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se perfilaba como el más probable ganador de las elecciones presidenciales de 1990.
El poder de las mafias se manifestó entre 1989 y 1990, y para golpear a la democracia en plena campaña electoral fueron asesinados los dirigentes políticos Luis Carlos Galán del liberalismo, Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro Leongómez quien dirigió la desmovilización del M-19 durante ese gobierno para posteriormente convertirse en partido político.
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