Respuestas
Primera, ¿Qué efectos microeconómicos tiene la corrupción? La corrupción premia las actividades no productivas buscadoras de rentas y castiga a los talentos creativos que promueven la elevación de la productividad y el crecimiento económico. Segunda, ¿Y qué efectos macroeconómicos? La corrupción está obstaculizando la salida de la crisis a la economía española: genera inestabilidad política, empeora la imagen del país, degrada la confianza inversora, eleva el riesgo y aumenta la incertidumbre económica. Ante una inversión nacional deprimida, disuade a la inversión extranjera, al hacer menos transparente y accesible el laberinto burocrático administrativo, al tiempo que aumenta la aversión a involucrarse en proyectos empresariales en un país con una alta corrupción percibida. Tercera, ¿Hasta qué punto es un incentivo la corrupción de la inversión en bienes tangibles? La corrupción en España se ha centrado básicamente en actividades vinculadas a bienes inmobiliarios (suelo, construcción, obras públicas), donde es relativamente fácil apropiarse de las rentas generadas a través de concesiones y relaciones privilegiadas con las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas. Cuarta, ¿Cómo afecta a las arcas públicas y a la iniciativa privada? La corrupción afecta negativamente al erario público por evasión fiscal y disminución de los ingresos tributarios, por incremento del gasto público improductivo al subir los costes de licitaciones no competitivas, por disminución de la capacidad inversora del Estado y por pérdida de calidad de los servicios para disminuir costes. También afecta a la iniciativa privada, porque la corrupción elimina la competencia al promover regulaciones ineficientes y amañadas para generar rentas. Los corruptores sólo pagan sobornos únicamente si esas rentas son de acceso restringido para sí mismos. Quinta, ¿Cuál es el efecto sobre la desigualdad social? ¿Aumenta la pobreza y la diferencia de clases? La corrupción tiene efectos inequitativos sobre la distribución de la renta. De hecho, la corrupción es un mecanismo depredador de los recursos de la sociedad: los desvía de la mayoría social hacia una minoría, bien conectada con los decisores públicos, que concentra la riqueza. Y es una actividad empobrecedora, porque reduce el gasto público social y provoca pérdidas en grandes proyectos públicos injustificables desde el punto de vista del análisis coste/beneficio. Y sexta, ¿Qué recetas se pueden aplicar para evitarla? Tres pueden ser las principales vías de actuación. La primera debe centrarse en la transparencia financiera de los partidos políticos, prohibiendo y persiguiendo las donaciones a los mismos procedentes de empresas reguladas o subvencionadas públicamente. Además, los partidos deben limitar los mandatos de sus cargos públicos, no incluir en sus listas a encausados por corrupción y eliminar los privilegios de los aforados que con frecuencia les hace impunes ante el delito. La segunda es hacer que el Tribunal de Cuentas funcione eficazmente, que no es el caso, para que audite y controle debidamente todas las transacciones; muy especialmente, las que tienen que ver con subvenciones, concesiones y todo tipo de ayudas públicas. Y la tercera es garantizar el funcionamiento independiente de los órganos judiciales, dotándoles de un buen soporte informático, informativo y documental; aparte de unas fuerzas policiales bien preparadas con poder disuasorio frente a estas actividades. Es evidente también que la participación ciudadana, la persecución y castigo de los culpables, el control de los elegidos por los electores, la rendición de cuentas y el funcionamiento no clientelar de los partidos, la actuación de la Agencia Tributaria y la ejemplaridad del gobierno-parece que no está ni se la espera- son elementos todos ellos que podrían recuperar la tan deteriorada confianza de los ciudadanos en sus instituciones por causa de la corrupción.