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Ecuador ha sido un país tradicionalmente católico-romano desde su coloniaje. Con la revolución liberal de fines del siglo XIX e inicios de siglo XX, el catolicismo perdió –temporalmente– su hegemonía política dado el fuerte anticlericalismo que tuvo el movimiento alfarista. Sin embargo, la Iglesia Católica nunca dejó de tener una fuerte influencia en el Ecuador, a tal punto que, pese a la nominal separación de la Iglesia y el Estado en el país, podemos decir que somos un Estado confesional de facto. Basta recordar que nuestras constituciones, de manera invariable, han invocado a la divinidad en su preámbulo. Acuerdos con la Santa Sede, fruto del lobby de la jerarquía eclesial católico-romana, como el Modus Vivendi, son también evidencia de dicho carácter confesional, más aún cuando la Iglesia Católica ha tenido privilegios que han sido negados a otras religiones (capellanías en las Fuerzas Armadas, capillas en hospitales públicos, la posibilidad de tener escuelas y colegios cofinanciados por el Estado o “fisco-misionales”, etc.).
Un episodio bochornoso de las relaciones Iglesia-Estado en el Ecuador, que es bastante conocido por la opinión pública, fue la expedición de la Ley de Libertad Educativa de las Familias del Ecuador, en 1994 -durante el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén- que permitía la introducción de horas de religión en la malla curricular en las escuelas y colegios públicos. Esta Ley, inconstitucional (como así lo dictaminó en su momento el Tribunal de Garantías Constitucionales, aunque luego dicha resolución fue dejada sin efecto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia), permaneció en vigencia hasta su derogatoria por la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el año 2011. La presión pública, más la falta de recursos económicos para pagar a los maestros que se necesitaban para implementar la educación religiosa, al parecer contribuyeron a que dicha Ley haya quedado en el papel, afortunadamente.
Los autores de la Constitución de 2008, fuera de cometer el “desliz” de continuar nombrando a Dios en el texto constitucional, dejaron en claro el carácter laico de nuestro Estado, en su Art. 1, junto a otros elementos que definen las características que se supone debía tener el Ecuador de cara a la transformación institucional impulsada por la Asamblea Constituyente de Montecristi.
Sin embargo de esta clara disposición constitucional, el presidente Correa, en una de sus primeras muestras de irrespeto a la separación de Iglesia y Estado, expidió en 2009 el Decreto 1780, mismo que concedió a la Iglesia Católica un sinnúmero de privilegios, especialmente en materia educativa, en zonas vulnerables del país como la Amazonía y la provincia de Esmeraldas. Una de las disposiciones de ese decreto –posteriormente reformado para atenuar su evidente orientación reaccionaria- encargaba a la Iglesia que integre a las poblaciones de esas provincias a la “vida socioeconómica y cultural del país”, mostrando la mentalidad neocolonial del gobierno. Pese a varias demandas de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional no hizo nada frente a esta flagrante violación al laicismo, manteniéndose en vigencia este decreto .
En la actualidad, las políticas públicas generadas desde el poder político dan cuenta de la importancia que tiene para el gobierno no pelearse con la Iglesia Católica: temas sensibles como la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio igualitario, entre otros, han sido obstaculizados por el Presidente de la República Rafael Correa Delgado. Las pocas voces críticas en el bloque oficialista de la Asamblea Nacional, cuyos esfuerzos aislados buscaron impulsar cambios en la legislación para reflejar la realidad social, fueron silenciadas sin ningún reparo. El mismo Presidente Correa ha repetido en varias ocasiones que no permitirá un cambio de rumbo en ese sentido por su condición de “católico practicante”. El único logro –un triunfo a medias– ha sido la aprobación de reformas al Código Civil para permitir el reconocimiento de la unión de hecho de parejas del mismo sexo.