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La impunidad ante las múltiples violaciones de los derechos humanos y los delitos comunes continúa siendo la norma en México, donde crece la violencia, según el último informe realizado por la ONG Amnistía Internacional (AI).
Según esta organización, durante el pasado año se recibieron nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta que padece el país.
El problema se agrava por la "falta de rendición de cuentas de la Policía y el Ejército" ante la Justicia mexicana, por lo que este tipo de delitos acaban siendo impunes.
Según datos oficiales, más de 22.000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido en el país norteamericano.
Entre ellas, se encuentran los 43 estudiantes del estado de Guerrero que el 26 de septiembre de 2014 fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero de Cocula, según una cuestionada versión oficial.
A este respecto, AI destaca que las "iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultaban por lo general infructuosas".
La ONG constata que ha seguido "recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y otros malos tratos, así como información que indicaba que los agentes federales y estatales del ministerio público no investigaban adecuadamente las denuncias".