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Antiguamente esta situación era aceptada plenamente por la sociedad; pero en la actualidad parece ser que este hecho se esta revirtiendo.
Muchas personas culpan a los inmigrantes por la falta de trabajo; y otros simplemente los discriminan; ¿será esta una forma de ocultar o no querer ver que el problema reside en nuestro país? ¿O quizá será más fácil culpar a los demás antes de mirarnos a nosotros mismos?
La ley de migraciones sancionada en Argentina en el 2003 y reglamentada siete años más tarde, representó un gran avance respecto de la legislación anterior, heredara de la última dictadura militar. La legislación se transformó en una referencia internacional, al reconocer la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren. A pesar de esto, en enero de este año, el presidente Mauricio Macri sancionó un decreto que modificó sustantivamente este marco jurídico, revirtiendo o suprimiendo algunos de sus aspectos más significativos.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de un importante número de organizaciones de migrantes, consideraron el nuevo decreto presidencial “una iniciativa que no respeta los derechos humanos” y lo calificaron como una “política regresiva”. La reforma impuesta por el presidente argentino dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, así como amplía las de expulsión, debilita el derecho de defensa, y extiende o acelera notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión.
El gobierno argentino defendió la medida señalando que estipula “un procedimiento especial de carácter sumarísimo” para las expulsiones. Apeló en sus argumentos a delitos graves transnacionales, aunque, en rigor, la reglamentación puede afectar a cualquier migrante que, por ejemplo, no pueda probar la “legalidad” de su ingreso y permanencia en el territorio nacional. En algunas jurisdicciones, puede implicar que una mera contravención policial justifique la expulsión o la prohibición del ingreso, aumentando el poder de la policía. Ya no será necesario que un delito haya tenido “condena firme” para ser considerado causa suficiente para impedir el ingreso o dictaminar la expulsión de una persona.